La crisis política dentro del Concejo Municipal de Montero elevó su nivel de tensión y ahora entra en una nueva etapa: la judicial. El concejal de Creemos y ex presidente del ente legislativo, Willan Perales, confirmó que presentó una acción de amparo constitucional para que sean los tribunales quienes definan la legalidad de la actual directiva y pongan fin al conflicto que mantiene dividido al órgano deliberante.
Según explicó, la decisión fue tomada después de intentar, sin éxito, instalar la sesión inicial para la conformación de la nueva gestión.
“Hemos querido agotar el diálogo. Convocamos siete veces a sesión inicial y lamentablemente los concejales no asistieron”, afirmó Perales.
El ex presidente sostuvo que, tras esas convocatorias fallidas, realizaron un análisis jurídico y concluyeron que la única salida para destrabar la situación era acudir a la vía judicial.
“Creemos que se han vulnerado nuestros derechos constitucionales y legales como bancada. Ahora serán los tribunales los que determinen si la elección de la directiva fue legal o ilegal”, señaló.
Esperan una audiencia en las próximas horas
Perales informó que el amparo constitucional fue presentado la tarde del pasado miércoles y estima que la audiencia podría instalarse en un plazo máximo de 48 horas.
Según indicó, están a la espera de las notificaciones oficiales para que los integrantes del Concejo sean formalmente citados y posteriormente los jueces definan fecha y hora para la audiencia.
“Nosotros estamos actuando de acuerdo a la ley y a los reglamentos vigentes. Primero debe prevalecer la justicia y después tendremos que sentarnos a dialogar por el bien de Montero”, manifestó.
La polémica por las oficinas
El conflicto también se trasladó a los ambientes del Concejo Municipal luego del ingreso a la oficina presidencial mediante el deschapado de la puerta, una acción realizada por el equipo de la presidenta Belén Arispe con presencia de una notaria de fe pública.
Sobre ese hecho, Perales fue enfático y aseguró que el procedimiento constituye una acción fuera del marco legal.
“El deschapado de la oficina fue totalmente ilegal”, afirmó.
El concejal indicó que anteriormente ya había entregado bienes, muebles, computadoras y otros activos institucionales al área correspondiente de Bienes Patrimoniales, pero sostuvo que conservaba la llave para entregarla únicamente a un “presidente legalmente electo”.
Asimismo, denunció supuestos excesos y afirmó que personas externas habrían participado en acciones dentro del Concejo.
“Han cometido una serie de violaciones a las leyes por un mal asesoramiento”, declaró.
