El Órgano Judicial lanzó una contundente advertencia al Gobierno nacional: si no se atienden de manera urgente sus demandas económicas e institucionales, el sistema judicial podría ingresar a un paro nacional de 24 horas, con la consecuente paralización de la administración de justicia en el país.
La decisión fue asumida durante la Reunión Nacional de Magistrados, Jueces y Vocales, realizada en la ciudad de Sucre, donde las máximas autoridades judiciales analizaron la situación que atraviesa el sector y aprobaron una serie de determinaciones.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, informó que el Órgano Judicial emplazó tanto al Ejecutivo como al Legislativo a responder de manera inmediata a sus principales demandas. Entre ellas, un incremento del presupuesto destinado al sistema judicial y la aprobación de proyectos de ley que permanecen pendientes de tratamiento en la Asamblea Legislativa.
Como parte de las resoluciones, las autoridades judiciales solicitaron que el presidente del Estado y todo su gabinete ministerial sesionen en Sucre, con el objetivo de escuchar y atender directamente los planteamientos del sector.
Asimismo, anunciaron que enviarán una nota oficial a la Asamblea Legislativa Plurinacional, exigiendo un compromiso para aprobar, con carácter inmediato, las iniciativas legales impulsadas por las instituciones del Órgano Judicial.
Saucedo advirtió que, de persistir la falta de respuesta, la administración de justicia podría detener sus actividades.
"En caso de que estas dos situaciones institucionales no sean atendidas, la Justicia también va a parar en el país, porque lastimosamente los que respetamos la institucionalidad, el Estado de derecho, los que somos garantes de la Justicia, no somos atendidos; pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden", afirmó durante una conferencia de prensa.
El presidente del TSJ también cuestionó la falta de atención que, según señaló, ha recibido el sistema judicial durante las últimas dos décadas. Aseguró que la justicia boliviana enfrenta un abandono histórico que afecta su funcionamiento y limita la prestación de un servicio eficiente para la ciudadanía.
De no existir una respuesta del Gobierno y del Legislativo en los próximos días, el país podría enfrentar una inédita suspensión de actividades en uno de los pilares fundamentales del Estado
