En un escenario regional marcado por el crecimiento del crimen organizado, Bolivia y otros cuatro países sudamericanos firmaron este jueves el denominado “Compromiso de Santiago”, un acuerdo que busca fortalecer la cooperación internacional para enfrentar delitos como el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y el financiamiento criminal.
La reunión de alto nivel se realizó en Chile y reunió a representantes de Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú y el país anfitrión, quienes coincidieron en que las organizaciones criminales ya no actúan dentro de límites territoriales y que la respuesta estatal debe ser conjunta y coordinada.
“Aquí hay una voluntad real. Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas”, afirmó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna durante la presentación oficial del acuerdo.
El pacto contempla la creación de un grupo de trabajo regional y un plan de acción conjunto enfocado en medidas operativas, intercambio de información y coordinación técnica entre los Estados participantes.
Según los lineamientos establecidos, los países trabajarán en áreas vinculadas a seguridad, inteligencia financiera y control fronterizo, con el objetivo de generar “acciones concretas y resultados medibles y verificables”.
Además, los ministros acordaron volver a reunirse dentro de 180 días para evaluar avances y presentar resultados sobre las estrategias implementadas.
Por parte de Bolivia, el canciller Fernando Aramayo aseguró que la región atraviesa “tiempos excepcionales” debido al avance de las estructuras criminales y remarcó que la cooperación entre Estados “no puede postergarse más”.
El diplomático boliviano enfatizó que el acuerdo regional “no es una declaración de intenciones”, sino una estrategia con dimensión operativa destinada a enfrentar amenazas que afectan directamente a la estabilidad y seguridad de los países.
Durante su intervención, Aramayo también señaló que Bolivia vive “un tiempo difícil” y denunció la existencia de grupos que buscan “debilitar al Estado” e “interrumpir el orden democrático constitucional”, presuntamente financiados con recursos vinculados al crimen organizado.
Asimismo, agradeció el apoyo humanitario brindado a Bolivia por los países participantes del encuentro.
Las delegaciones de Perú y Ecuador alertaron sobre el crecimiento de fenómenos como el sicariato y la extorsión en la región, mientras que representantes ecuatorianos advirtieron que las redes criminales no solo amenazan la seguridad ciudadana, sino también la estabilidad democrática de los países sudamericanos.
