La crisis social y política que atraviesa Bolivia sumó este martes una dolorosa consecuencia. Un conductor que permaneció atrapado durante 32 días en una ruta bloqueada falleció tras sufrir complicaciones de salud mientras esperaba poder continuar su viaje.
La víctima quedó varada en una carretera cercana a La Paz debido a los cortes de ruta que afectan distintas regiones del país. Según relató su esposa, Zulema Ramos, el hombre comenzó a presentar problemas de salud durante el tiempo que permaneció inmovilizado, situación que se agravó progresivamente hasta provocar su fallecimiento.
Ahora, la familia enfrenta una nueva batalla. Ramos pidió ayuda para trasladar el cuerpo de su esposo desde la carretera hasta su hogar en Desaguadero y darle una sepultura digna.
Más de tres semanas de aislamiento
Los bloqueos que mantienen parcialmente aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto cumplieron este 2 de junio 26 días consecutivos. Sin embargo, el conflicto tiene raíces más profundas.
Si se toma como referencia el cabildo nacional realizado el 11 de abril en El Alto, cuando surgió formalmente la advertencia de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz en caso de no atender las demandas sociales, la crisis acumula ya 52 días de escalada política y movilizaciones.
La situación ha generado efectos cada vez más visibles en la población, el transporte, la economía y el abastecimiento en varias regiones del país.
La CIDH expresa preocupación
Frente al escenario de creciente tensión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia, en el marco de las protestas que se desarrollan desde principios de mayo de 2026.
En su más reciente informe, el organismo realizó un repaso de los hechos ocurridos durante las últimas semanas y de las consecuencias que las movilizaciones han tenido sobre la ciudadanía, la economía y la seguridad.
La CIDH también exhortó al Estado boliviano a aplicar las recomendaciones contenidas en informes previos, especialmente aquellas orientadas a fortalecer un diálogo democrático, intercultural y participativo que incluya a los sectores movilizados como mecanismo para canalizar las demandas sociales y reducir la conflictividad.
No obstante, el organismo reiteró que la protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación ciudadana, particularmente en contextos de tensión social
Gobierno denuncia injerencia extranjera
En medio de este escenario, el canciller Fernando Aramayo ratificó que el Gobierno identificó presuntos casos de “injerencia internacional” vinculados a las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La autoridad señaló que algunos ciudadanos argentinos habrían participado en las movilizaciones y aseguró que ciertos activistas ingresaron al país con visas de turista para realizar acciones que, según el Ejecutivo, constituyen una intervención en asuntos políticos internos.
Aramayo indicó que se activaron los mecanismos correspondientes para gestionar la salida inmediata de las personas identificadas, argumentando que estarían promoviendo acciones de incitación dentro del conflicto.
