La gestión del alcalde Regys Medina vuelve a quedar bajo el reflector de la controversia. Esta vez, por una demanda contencioso-administrativa admitida por la justicia que cuestiona la legalidad de las reversiones y posteriores adjudicaciones de terrenos en el Parque Industrial de Montero, un proceso que involucra al menos 52 lotes y que podría derivar en una larga batalla judicial con consecuencias económicas para el municipio.
La acción fue presentada por Jhonny Justiniano Ibáñez, a través de su abogado Germán Lino, quien hizo pública la notificación judicial en puertas de la Alcaldía de Montero. Según explicó, la demanda fue admitida por la Sala Social, Contenciosa y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La admisión del proceso no implica una sentencia ni determina responsabilidades, pero sí abre la puerta para que la justicia analice el fondo de una disputa que lleva años generando conflictos entre adjudicatarios, empresarios y autoridades municipales.
La acusación: reversiones cuestionadas y nuevas adjudicaciones bajo sospecha
La denuncia sostiene que el Gobierno Municipal habría revertido de manera irregular terrenos adjudicados a empresarios desde principios de los años 2000 y posteriormente los habría vuelto a entregar a nuevos beneficiarios.
Lino afirma que su cliente adquirió legalmente un lote de 2.000 metros cuadrados en 2001, canceló el monto establecido por el municipio y que, pese a ello, su derecho fue anulado sin cumplir el debido proceso.
El abogado asegura que ya obtuvo dos acciones de amparo favorables y sostiene que la nueva demanda podría convertirse en un precedente para otros afectados.
Pero el punto más sensible de sus declaraciones apunta a la falta de transparencia sobre los nuevos beneficiarios de los terrenos.
Hasta ahora, la Alcaldía no ha presentado públicamente una lista detallada y consolidada de los adjudicatarios favorecidos tras las resoluciones de contratos, tampoco ha transparentado los criterios de selección aplicados, los proyectos aprobados, el grado de avance de las inversiones comprometidas ni el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por quienes recibieron nuevamente esos predios.
Esa ausencia de información alimenta las sospechas y abre interrogantes que hoy forman parte del debate público en Montero:
¿Quiénes recibieron los terrenos recuperados?
¿Qué empresas o personas fueron beneficiadas?
¿Cuáles son los proyectos industriales comprometidos?
¿Qué mecanismos de evaluación se aplicaron?
¿Cuántos adjudicatarios originales incumplieron realmente las condiciones establecidas?
Son preguntas que siguen sin una respuesta pública integral por parte de la administración municipal.
Daños millonarios y una demanda
La parte demandante sostiene que las reversiones y nuevas adjudicaciones habrían generado perjuicios económicos millonarios.
Según Lino, solo el caso de su cliente superaría los 3 millones de dólares en daños, mientras que el conjunto de los 52 casos podría sobrepasar los 25 millones de dólares.
Estas cifras corresponden exclusivamente a la versión de los demandantes y deberán ser demostradas dentro del proceso judicial.
Sin embargo, el dato refleja la magnitud del conflicto y explica por qué la controversia ha escalado más allá de un simple litigio administrativo.
La defensa del alcalde
Abordado por periodistas durante una actividad en el Distrito 2, Regys Medina rechazó las acusaciones y defendió el proceso impulsado por su administración.
El alcalde aseguró que el municipio está recuperando terrenos que permanecieron improductivos durante 15 y 20 años. Según su versión, muchos adjudicatarios utilizaron los predios como "lotes de engorde", sin instalar industrias ni generar empleo, incumpliendo así el objetivo para el cual fueron entregados.
Medina también cuestionó la validez de algunos documentos exhibidos por los demandantes y afirmó que existen casos donde los supuestos propietarios carecen de títulos válidos o contratos legalmente perfeccionados.
Para el alcalde, la demanda "no tiene pies ni cabeza" y responde a intereses económicos de grupos afectados por las acciones de recuperación impulsadas por el municipio.
El argumento legal de la Alcaldía
Horas después de las declaraciones del alcalde, el asesor jurídico municipal, Fabriciano Vaca, ratificó la posición oficial.
La Alcaldía sostiene que la demanda carece de sustento porque el contrato presentado por el demandante no tendría validez jurídica al no contar con las firmas correspondientes ni haber sido protocolizado.
Asimismo, argumenta que las actuaciones municipales se respaldan en el Decreto Municipal 01/2018, aprobado durante la gestión del exalcalde Mario Baptista, que estableció condiciones para el desarrollo de proyectos industriales y autorizó la resolución de contratos en casos de incumplimiento.
Según los registros municipales, más de 42 adjudicatarios no habrían cumplido con la ejecución mínima exigida para mantener sus derechos sobre los terrenos.
La administración también sostiene que no se trata de una reversión de propiedad consolidada, sino de la resolución de contratos por incumplimiento de obligaciones previamente asumidas.
Un conflicto que no es nuevo
La polémica sobre los terrenos del Parque Industrial no comenzó con esta demanda.
En junio de 2025, el entonces candidato vicepresidencial Edman Lara denunció públicamente presuntas irregularidades en la administración de estos predios y acusó al entorno municipal de favorecer intereses particulares.
Las denuncias se viralizaron en redes sociales y generaron una fuerte repercusión política en Montero.
En respuesta, autoridades municipales defendieron la legalidad de los procedimientos y argumentaron que las medidas buscaban evitar la especulación inmobiliaria dentro de un espacio concebido exclusivamente para la instalación de industrias y la generación de empleo.
Empresarios expresan preocupación
La controversia tomó fuerza el martes con las declaraciones de Jimmy Prado, presidente de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), quien expresó preocupación por la forma en que se estarían manejando algunos conflictos relacionados con terrenos dentro del área industrial.
Prado cuestionó la falta de diálogo con las autoridades municipales y manifestó inquietud por decisiones que, según señaló, afectan áreas estratégicas para el desarrollo productivo del sector.
La pregunta que sigue sin respuesta
Mientras la justicia comienza a revisar el caso, la principal incógnita sigue siendo la misma: ¿fueron legales y transparentes las resoluciones de contratos y posteriores adjudicaciones de terrenos en el Parque Industrial?
La demanda recién inicia su recorrido judicial, pero el impacto político ya es evidente.
Para Medina, que enfrenta una nueva controversia en el arranque de su segundo mandato, el desafío ya no es solamente defenderse en tribunales. También deberá demostrar a la opinión pública de que cada lote recuperado, cada adjudicación realizada y cada beneficiario seleccionado responde a criterios transparentes, verificables y ajustados a la ley.
