La crisis política y social que mantiene en vilo al país comenzó a mostrar señales de distensión este miércoles, luego de que la Comisión de Diálogo instalada en la Vicepresidencia iniciara gestiones para garantizar la participación de todos los dirigentes involucrados en el conflicto, incluso aquellos que enfrentan procesos judiciales.
La reunión, considerada por el Gobierno como “fructífera”, se desarrolló en medio de 27 días de bloqueos y medidas de presión que mantienen a La Paz y El Alto bajo fuerte tensión por la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos.
Uno de los puntos más sensibles del encuentro fue la situación del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, sobre quien pesa una orden de aprehensión. Según integrantes de la comisión, durante la reunión se planteó la necesidad de generar garantías para que pueda asistir a la mesa de diálogo.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que se trabaja en “una serie de elementos” para facilitar la presencia de todos los representantes de las organizaciones movilizadas.
“Vamos a trabajar tratando de garantizar que todos los dirigentes que tienen representación y que pueden garantizar que se depongan estas medidas de presión estén presentes en la reunión”, afirmó la autoridad.
Aunque evitó confirmar una suspensión formal de mandamientos judiciales, Lupo dejó claro que el objetivo es reunir a interlocutores con capacidad real de decisión para avanzar hacia una salida política al conflicto.
La comisión volverá a reunirse este jueves y contará con la presencia de veedores nacionales e internacionales. Entre los actores convocados figuran representantes de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y organismos internacionales, que buscarán dar legitimidad y transparencia al proceso.
El vicepresidente Edmand Lara informó además que estas instituciones encabezarán la continuidad de las mesas de diálogo junto a representantes del Legislativo, el Ejecutivo y organizaciones sociales.
El Gobierno sostiene que existe un principio de acuerdo para avanzar en la pacificación del país y lograr, en paralelo, el levantamiento de los bloqueos que golpean principalmente al departamento de La Paz.
“Todos tenemos el mismo objetivo: pacificar el país, encontrar soluciones y trabajar mediante el momento más importante en democracia, que es el diálogo”, remarcó Lupo al finalizar la reunión.
La apertura al diálogo se produce después de que el presidente Rodrigo Paz convocara públicamente “a todos” los sectores movilizados a reinstalar conversaciones y exponer sus demandas en una mesa abierta.
Mientras tanto, la presión social continúa creciendo. El prolongado conflicto comienza a mostrar señales de agotamiento ciudadano y reduce el margen político de maniobra, en una crisis que mantiene prácticamente cercada a la sede de gobierno.
