Lo que comenzó como una denuncia pública de agresión física y amenazas terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de la profunda crisis política que mantiene enfrentado al Concejo Municipal y que cada día se parece más a un campo de batalla que a un órgano deliberante.
La denuncia presentada por la concejal suplente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jenny Mamani, respaldada por el presidente paralelo del Concejo, Willan Perales, funcionarios municipales y su equipo legal, no concluyó con el resultado que se anticipó durante toda la jornada del miércoles.
Mientras cámaras, transmisiones en vivo, conferencias de prensa, patrullas policiales y acusaciones cruzadas dominaban la agenda pública, las dos mujeres señaladas por la presunta agresión recuperaron su libertad horas después de prestar declaración en dependencias de la FELCC.
Incluso el abogado de Mamani, José Luis Rojas Domínguez, llegó a declarar ante los medios que existían personas "aprehendidas" y que el caso derivaría en una audiencia cautelar. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones fue posteriormente confirmada de manera oficial por la Policía ni por el Ministerio Público.
La polémica se originó luego de que Mamani denunciara haber sido rodeada, amenazada y agredida por simpatizantes del PDC en una notaría de Montero. Según su versión, le quitaron el teléfono, la sujetaron y la amenazaron con cortarle el cabello.
La denuncia activó un amplio despliegue que incluyó la presencia de funcionarios del Concejo Municipal, concejales afines a Perales y efectivos policiales. Posteriormente, las acusadas fueron trasladadas a dependencias policiales para prestar declaración.
Sin embargo, al finalizar la jornada, una de las mujeres investigadas aseguró que el oficial asignado al caso les informó que no existían indicios de lesiones que permitieran sostener la acusación en los términos inicialmente denunciados. Ambas recuperaron su libertad.
El episodio profundizó aún más la confrontación política que desde hace semanas divide al Legislativo municipal.
La crisis enfrenta a dos bloques que se disputan la legalidad de la directiva del Concejo. Por un lado, el denominado 'Bloque de Unidad', integrado por ocho concejales titulares de distintas fuerzas políticas y encabezado por María Belén Arispe. Por otro, la estructura impulsada por Willan Perales con el respaldo de sus dos colegas de la bancada de Creemos y tres suplentes provenientes de PDC, VOS y Patria. La disputa permanece pendiente de definiciones jurídicas y constitucionales.
En medio de esa pugna, la figura del alcalde Regys Medina aparece inevitablemente vinculada al conflicto. La bancada de Creemos, que respalda a Medina, es la fuerza política más cercana a la gestión municipal y la principal interesada en la conformación de una directiva afín dentro del Concejo.
Las declaraciones no redujeron la tensión.
Rosario Mostajo, ex candidata a alcaldesa por el PDC, negó que hubiera existido agresión física y calificó todo el episodio como una acción política destinada a desacreditar a quienes cuestionan a la nueva directiva impulsada por Perales.
Del otro lado, Mamani insistió en que fue víctima de amenazas y sostuvo que continuará defendiendo su decisión de respaldar la línea política de Creemos que acompaña al alcalde.
Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en otro escenario de confrontación. Videos, acusaciones, transmisiones en vivo, insultos y campañas de apoyo o rechazo inundaron grupos de WhatsApp y plataformas digitales, exponiendo una crisis que parece no tener fin.
Lo que debería ser un debate sobre legalidad, representación y gobernabilidad terminó derivando en denuncias penales, acusaciones de traición, señalamientos de compra de voluntades y espectáculos mediáticos que alimentan una crisis institucional cada vez más profunda.
