El Gobierno nacional elevó el tono de sus denuncias este lunes luego de que sectores afines a Evo Morales anunciaran medidas de presión en el Trópico de Cochabamba. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la supuesta instrucción de rodear unidades militares y policiales constituye una amenaza directa al orden constitucional y refuerza la hipótesis oficial de una conspiración financiada por el narcoterrorismo.
“Quiero referirme a la orden que ha dado Evo Morales Ayma de rodear unidades militares y policiales para que estas sean tomadas por el narcoterrorismo. Esto reafirma la tesis del Gobierno boliviano de que no estamos viviendo un conflicto social con sectores de diferentes regiones de nuestro país. Estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional y legal”, declaró la autoridad.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política y social, luego de que dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré anunciaran una vigilia permanente y la posible toma de instalaciones militares en ese municipio del Trópico cochabambino.
La medida surge como rechazo a la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, recientemente promulgada por el presidente Rodrigo Paz, una normativa que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones sociales de la región.
Por su parte, el secretario de Relaciones de la organización, Mario Rivera, advirtió que los movilizados no se responsabilizarán por eventuales hechos que involucren a militares o policías en la zona. Además, pidió al Gobierno actuar con cautela antes de ordenar intervenciones en los puntos de bloqueo instalados en el Trópico.
Rivera cuestionó especialmente la inclusión de la figura de “presunción de legalidad operativa” para las acciones de las fuerzas del orden durante un estado de excepción, señalando que la población responderá ante cualquier intento de intervención estatal.
Mientras tanto, el escenario en el Trópico de Cochabamba continúa bajo alta tensión, con posiciones cada vez más confrontadas entre el Gobierno y sectores afines al expresidente Evo Morales, en medio de una disputa que suma nuevos capítulos y mantiene en alerta a las autoridades nacionales.
