La crisis política en el Concejo Municipal de Montero continúa elevando la tensión y ahora suma nuevas acusaciones cruzadas. Los concejales de oposición cuestionaron públicamente el amparo constitucional presentado por la bancada de Creemos afín al alcalde Regys Medina y pusieron en duda la elección de la vía judicial asumida por sus adversarios políticos.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Concejo Municipal, los legisladores expresaron su sorpresa por la presentación del recurso constitucional en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y no en Montero, donde también existen instancias judiciales competentes.
La concejal Adela Ortiz señaló que esa decisión genera interrogantes y lanzó observaciones sobre una presunta relación entre una autoridad judicial y el alcalde de Montero.
“Nos preguntamos por qué en Santa Cruz y no en Montero, si aquí tenemos jueces y juzgados”, manifestó.
La legisladora expuso ante los medios una fotografía en la que aparece el vocal Alain Núñez Rojas junto al alcalde Regys Medina y su esposa, Mariela Sotomayor Roca, durante una actividad familiar. A partir de esa imagen, sostuvo que existiría una relación cercana entre ambas partes.
Ortiz además hizo referencia a comentarios y rumores que, según afirmó, circulan en el entorno político sobre supuestos niveles de influencia dentro del proceso judicial por parte de los demandantes.
Las declaraciones se producen en medio de una disputa política que ya ingresó a escenarios judiciales, mientras ambos bloques mantienen posiciones enfrentadas sobre la legalidad de la actual directiva del Concejo Municipal.
El conflicto que detonó la crisis
La controversia comenzó por la elección de la nueva directiva legislativa y posteriormente se profundizó con acusaciones cruzadas sobre la legalidad del procedimiento. El conflicto escaló aún más después de que Belén Arispe asumiera la presidencia respaldada por un bloque de ocho concejales y posteriormente se realizara el ingreso al despacho presidencial mediante el deschapado de oficinas.
Días atrás, el concejal y expresidente del Concejo, Willan Perales, confirmó la presentación de un amparo constitucional argumentando una supuesta vulneración de derechos y señalando que la Justicia deberá determinar la legalidad o no de la nueva directiva.
La discusión sobre directivas municipales y recursos constitucionales ha generado precedentes recientes en otros concejos del país, donde salas constitucionales tuvieron que intervenir para resolver disputas políticas internas.
Arispe: “Estamos trabajando y no tenemos temor”
Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Belén Arispe, aseguró que hasta el momento no fueron notificados oficialmente sobre el amparo constitucional, aunque afirmó que su bloque continúa ejerciendo funciones y trabajando con respaldo jurídico.
“Estamos cumpliendo nuestras atribuciones y contamos con los respaldos jurídicos correspondientes. No tenemos temor alguno; al contrario, estamos más fortalecidos que nunca”, declaró.
