La madrugada del sábado, la Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la controvertida Ley 1720 de conversión de tierras de pequeños a medianos productores, en una sesión marcada por tensiones políticas, división regional y fuertes repercusiones para el sector productivo del país.
La votación terminó con 56 votos a favor de eliminar la norma y 44 en contra. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde se definirá si la ley queda definitivamente anulada o si retorna a Diputados para una nueva discusión.
La decisión se produjo luego de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz asumiera el compromiso con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) del ala evista para abrogar la norma, promulgada apenas un mes atrás.
Oriente vs Occidente: la ley que dividió al país
El debate dejó en evidencia una fractura política y regional dentro de la Asamblea Legislativa.
Los diputados de occidente respaldaron mayoritariamente la abrogación, mientras que gran parte de los legisladores del oriente defendieron la permanencia de la ley, argumentando su impacto en la producción y la seguridad jurídica de la tierra.
La Paz fue el departamento que más apoyó la eliminación de la norma con 16 votos. En contraste, Santa Cruz concentró la mayor resistencia, con 19 votos en contra de la abrogación. Aun así, cinco legisladores cruceños respaldaron el proyecto.
Entre quienes votaron a favor estuvo la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, además del exconcejal cruceño Rolando Pacheco.
La bancada de Libre, liderada por Jorge Tuto Quiroga, cerró filas en defensa de la Ley 1720 y rechazó su abrogación. Sin embargo, no logró frenar el avance del proyecto impulsado por el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), que logró articular apoyos del MAS, Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, además de votos divididos de Súmate de Manfred Reyes Villa y Unidad de Samuel Doria Medina.
Montero sin representación
En medio de una de las sesiones más importantes para el sector productivo cruceño, llamó la atención la ausencia del diputado montereño Andrés Medina, representante de Unidad Nacional e hijo del alcalde de Montero, Regys Medina.
Hasta el momento, el legislador no brindó una explicación pública sobre por qué no asistió a la sesión, pese a la relevancia del tema para Montero y el Norte Integrado, una de las regiones agrícolas más importantes de Santa Cruz.
La ausencia generó cuestionamientos en redes sociales y entre sectores políticos, especialmente porque el debate sobre la Ley 1720 se convirtió en un tema de alta sensibilidad para productores y representantes del oriente boliviano.
Quien sí estuvo presente fue la diputada montereña Kelly Velarde, también de Unidad Nacional, quien votó en contra de la abrogación de la norma.
Ambos legisladores mantienen alianza política con Samuel Doria Medina y el gobernador electo Luis Fernando Camacho, además de haber respaldado anteriormente la candidatura de Otto Ritter.
¿Qué viene ahora?
La abrogación de la Ley 1720 todavía no está definida. El proyecto ingresará ahora a la Cámara de Senadores, que actuará como instancia revisora y tendrá dos caminos: aprobar la eliminación de la norma o rechazarla y devolverla a Diputados.
Si el Senado rechaza el proyecto, el caso podría pasar a una sesión conjunta de la Asamblea Legislativa, convocada por el vicepresidente Edmand Lara, para resolver de manera definitiva el futuro de la polémica ley.
Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes consideran que la Ley 1720 protege el desarrollo productivo y quienes sostienen que vulnera derechos y favorece intereses particulares.
