El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer 2 de La Paz concedió la tutela de acción de libertad a favor de los dirigentes Mario Argollo y Vicente Salazar, dejando sin efecto las órdenes de aprehensión que pesaban sobre ambos líderes sociales.
La resolución judicial aparece en un momento clave del conflicto social que atraviesa el país y podría convertirse en un punto de inflexión para abrir el camino al diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.
Durante los últimos días, organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos condicionaron cualquier acercamiento al levantamiento de las órdenes de captura contra sus dirigentes. Bajo esa misma línea, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había garantizado la participación de los líderes sociales para facilitar las conversaciones.
Los procesos abiertos contra Argollo y otros dirigentes están relacionados con los hechos de violencia registrados durante las protestas del pasado 18 de mayo en la ciudad de La Paz. Aquella jornada dejó saqueos a comercios, robos a lustrabotas y vendedores ambulantes, además de daños a instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia paceño.
Sin embargo, la situación judicial de los movilizados sigue siendo uno de los principales focos de tensión. La Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz también exige la liberación de sus afiliados detenidos durante las protestas.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 300 personas fueron aprehendidas en el contexto de las movilizaciones en el departamento de La Paz. No obstante, apenas alrededor del 10% enfrentó procesos judiciales formales.
La decisión del tribunal podría aliviar parcialmente la tensión política y social, aunque las organizaciones mantienen sus demandas y esperan nuevas señales antes de avanzar hacia una negociación definitiva.
