Bolivia atraviesa uno de sus momentos más tensos de las últimas semanas. Este jueves, el movimiento cívico nacional lanzó un duro pronunciamiento desde Santa Cruz de la Sierra, donde exigió al Gobierno la aplicación inmediata de un estado de excepción sectorizado y la ejecución de la orden de aprehensión contra Evo Morales, en medio de los bloqueos que mantienen al país parcialmente paralizado desde hace casi un mes.
Los presidentes de los comités cívicos de los nueve departamentos sostuvieron una reunión en la capital cruceña para analizar la crisis social, política y económica que golpea al país. Tras el encuentro, coincidieron en que la situación ya afecta gravemente el abastecimiento, la producción y la estabilidad nacional.
Según datos de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), actualmente existen 66 puntos de bloqueo en distintas regiones del país, generando dificultades para el transporte de alimentos, combustible y productos esenciales.
En el documento emitido al finalizar la reunión, los cívicos señalaron que Bolivia enfrenta un “colapso económico y humanitario”, responsabilizando a grupos movilizados a los que calificaron como “irregulares” y “sediciosos”.
Diálogo en pausa por órdenes de aprehensión
Mientras la tensión crece en las carreteras, el diálogo convocado por la Vicepresidencia quedó estancado. Sectores movilizados decidieron no asistir a la reunión y condicionaron cualquier acercamiento al levantamiento de las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.
“La Central Obrera Boliviana, la Federación Túpac Katari, Bartolina Sisa, Magisterio y otros sectores movilizados no asistieron porque exigen que los mandamientos de aprehensión contra sus dirigentes queden sin efecto”, afirmó el vicepresidente Edmand Lara.
La autoridad explicó que una de las alternativas planteadas es que el Ministerio de Gobierno retire la denuncia contra Mario Argollo, ejecutivo de la COB, y otros dirigentes, como una vía para destrabar las negociaciones.
Además, señaló que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se comprometió a gestionar acercamientos ante el Ejecutivo. Según Lara, los sectores movilizados también solicitaron la presencia del presidente Rodrigo Paz en una eventual mesa de diálogo.
Por su parte, la representante de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, confirmó que la reunión ingresó en cuarto intermedio sin fecha definida para su reinstalación.
En medio del escenario de tensión, el senador José Manuel Ormachea informó que el documento firmado por los asistentes plantea una “pausa humanitaria” para permitir el ingreso de alimentos y combustible a las regiones afectadas.
La senadora Claudia Mallón, de APB-Súmate, sostuvo que retirar la acusación contra Mario Argollo podría abrir paso a un “diálogo sincero y real”.
Pese al clima de confrontación, representantes de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, la Vicepresidencia y legisladores anunciaron que continuarán buscando mecanismos para destrabar el conflicto.
